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Comptes rendus

Jorge Victoria Ojeda, Corrupción y contrabando en la península de Yucatán. De la Colonia a la Independencia

Mérida, Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2015
Izaskun Álvarez Cuartero
p. 187-190
Référence(s) :

Jorge Victoria Ojeda, Corrupción y contrabando en la península de Yucatán. De la Colonia a la Independencia, Mérida, Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2015, 190 p.

Texte intégral

1De las treinta y siete preguntas del juicio de residencia contra Pedro de Alvarado, la que interroga a los testigos sobre el suceso del esclavo alzado en Xalapa – que pagó al conquistador con «diez cargas de lo que mejor que le pareció» a cambio de sojuzgar a los señores del lugar – representa uno de los ejemplos más tempranos de corrupción en las Américas. De comportamientos poco éticos, de contrabando y variadas formas de corrupción o de compra de voluntades, términos tan de moda últimamente, trata el último libro de Jorge Victoria Ojeda. Un trabajo estructurado en cinco capítulos que desmenuza estas prácticas en Yucatán, prestando especial atención a la figura de los vigías o velas y a la red de comercio ilícito construida tanto en la costa como el interior de la península. En la introducción y el primer capítulo, el autor reflexiona sobre la presencia cotidiana de la corrupción y el soborno en la sociedad novohispana y posteriormente en el México independiente, ofreciendo un repaso bibliográfico sobre la literatura más especializada que ha tratado este tema (capítulo 2). Resulta de cierta candidez que el doctor Victoria Ojeda pretenda con este libro ayudar a aquellos que tienen poder para cambiar algo, «para la mejor consideración de los antecedentes del tema que se quiere abordar y, sobre todo, combatir, en este caso la corrupción. Sin duda que ello redundará en una mejor comprensión de las facetas corruptas no nuevas» (p. 23). Dejando de lado estos esperanzadores deseos, que por otro lado comparto, el autor comienza su discurso incluyendo algunas definiciones de la voz «corrupción», como la ofrecida por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua o la redactada en el año 2003 en el Diario Oficial de la Unión Europea. Definiciones válidas para el tiempo presente pero sin olvidar que las palabras, su significado y su repercusión social varían dependiendo de las épocas y las circunstancias en las que se producen. La Begriffsgeschichte deja clara la relación entre los hombres, las mujeres y el mundo en el que viven, y desde luego que la corrupción parece ser inevitable en algunas sociedades, convirtiéndose en un concepto fundamental. Por ejemplo, el Diccionario de Autoridades de 1729 no contempla el significado que se otorga al término en las ediciones posteriores; en la edición de 1780 la palabra se asociaba a «la putrefacción, infección, contaminación de alguna cosa», y no es hasta 1791 cuando aparece definida por primera vez en una de sus acepciones tal como la entendemos hoy en día. Habría sido interesante que el autor indagara en la aparición de estas voces, no sólo en el Covarrubias, sino también en los diccionarios jurídicos.

2En estas páginas introductorias Victoria Ojeda aclara que estas actividades no estaban estigmatizadas socialmente y mucho menos llegaban a los tribunales para ser castigadas, incluso el contrabandista gozaba, por su posición económica, de cierto prestigio social. Recientemente Lisbeth Chaviano, en su libro Trinidad. Una historia económica basada en el azúcar (1754-1848), demostraba que las bases económicas para el posterior desarrollo azucarero de la región habían sido generadas por el capital acumulado por los contrabandistas, que diversificaron sus inversiones hacia el negocio azucarero o para la creación de infraestructuras. Este tipo de proceder es un patrón habitual de comportamiento en todas las sociedades, que permiten que el dinero de cualquier actividad ilegal fluya libremente como un activo más en el sistema económico mundial.

3La corrupción y el contrabando respondían sin lugar a dudas a la inflexibilidad del comercio colonial, incapaz de dar respuesta a sus necesidades y a la carga de negocio que iba incrementándose con el paso de los años en los mercados internos y en el comercio a larga distancia. Es obvio que la capacidad de reacción de la Monarquía hispánica fue casi siempre lenta, las reformas sobre libertad de comercio y administrativas llegaron a finales del siglo XVIII, pero no consiguieron los objetivos deseados porque la hacienda siguió desangrándose con el contrabando. En 1835, la persistencia del problema obligó al presidente Antonio López de Santa Anna a armar un buque para perseguirlo; no es casual esta medida porque había sido gobernador de Yucatán y debía conocer de primera mano el problema. De hecho, Victoria Ojeda afirma que, a partir del segundo tercio del siglo XVIII, la preocupación de las autoridades por la entrada de mercancías no declaradas repercutió con vehemencia en las tareas de los vigías. Estos puestos se situaban en El Cuyo, Tihosuco, Río Lagartos, Dzilam, Dzizantún, Santa Clara, Telchac, Ixil, Chuburná y Sisal. Sin embargo, las labores de vigilancia de estos funcionarios eran insuficientes mientras el armazón funcionarial del gobierno de Indias siguiera siendo cómplice de transacciones y entradas ilícitas de todo tipo de productos. En Yucatán la preocupación era patente, de ahí que, en 1765, el teniente de rey de Campeche expresara al gobernador su inquietud para que «los empleados sean sujetos de confianza para estorbar a los introductores del ilícito comercio» (p. 47), especialmente de los británicos, que comerciaban con el lucrativo negocio de la madera. El autor apunta que en el siglo XIX la presencia de esta práctica seguía siendo cotidiana y la capacidad de reprimirla insuficiente; la extensión costera de la península yucateca hacía más complicado el control, así como la falta de naves y de personal honesto que hiciera frente al problema. Debemos hacer notar que, tal como algunos autores apuntan, la connivencia social hacia estas prácticas derivaba de la necesidad de supervivencia de una parte importante de la población, opuesta sin duda a la corrupción de los cargos públicos que pretendían más poder y control, además de dar por hecho que con el cargo se adquiría «al mismo tiempo el derecho a administrarlo en su propio provecho» (p. 55). Es necesario recalcar que en la maraña burocrática colonial era común la venta y compra de cargos, costumbre conocida por las autoridades metropolitanas, pero calculadamente silenciada.

4Los funcionarios encargados de mantener las vigías eran de rango inferior, de hecho no todos recibían un salario, pero no por eso dejaban de ser oficios muy demandados, los réditos que se podían obtener del contrabando superaban con creces la cuantía de una mesada. Sólo las atalayas con una jurisdicción estratégica recibían un estipendio, si bien el pago sufrió muchos altibajos dependiendo del período y del saneamiento de las arcas públicas. Según señala Victoria Ojeda, la primera noticia que se tiene de su instalación en Río Lagartos data de 1588. Eran instalaciones endebles que facilitaban su fácil traslado de un lugar a otro en caso de necesidad y sus funciones consistían en otear el horizonte mientras durase la luz del día y dar aviso en caso de percibir movimientos extraños. Estas funciones se completaban con otras labores, como las de socorrer naves a la deriva, proveer víveres en caso de necesidad o mediar en los pleitos entre los cortadores de palo de tinte. La adjudicación del puesto de vigía dependió directamente del gobernador hasta la primera mitad del siglo XVIII, para pasar posteriormente a elegirse por un concurso de méritos entre una terna de candidatos propuestos por el subdelegado. La máxima autoridad peninsular designaba la mayoría de las veces al «recomendado», que formaba parte de la red clientelar que había tejido el representante comarcal. En algunos momentos el puesto también se solicitaba personalmente, pero fueron pocos los casos que ha localizado el autor, en cambio sí es comprensible que el cargo se heredara o se monopolizara en una misma familia, incluso que el vigía desempeñase funciones de juez de paz, de esta forma el «vela ratificaba la confianza en él depositada y el control que tenía sobre cierto territorio» (p. 74). Es interesante el dato que se nos ofrece sobre el usufructo del trabajo de los indígenas mayas, que los vigías destinaban a sus propias necesidades.

5Una de las conclusiones que nos brinda este trabajo es que el contrabando afectó a la Hacienda yucateca de forma severa debido a la estructura en tres espacios, como se propone en el capítulo cuarto: el mar y los piratas, las playas y los vigías y por último los corredores hasta Mérida, Campeche, Valladolid, Peto, Maní, Izamal y los pueblos principales del territorio yucateco. La complicidad entre piratas y vigías fue patente para el éxito del negocio; resulta del todo interesante la relación entre los atalayeros mayas y el contrabando, lo que demuestra las implicaciones de los caciques en este comercio y la confabulación con las autoridades. Las mercancías (tabaco, cerveza, manteca, aguardiente, machetes, calderas, hachas, telas corrientes, peines de hueso y de carey, sombreros, petacas, zapatos, espadas, etc.) eran consumidas por la población blanca, mestiza e indígena y sus precios estaban sujetos a la oferta y la demanda. Es significativo el número de mestizos que se aprovechaban de este mercadeo, como Tristán Uribe o el célebre Bonifacio Novelo, uno de los protagonistas de la Guerra de Castas, que estuvo implicado en el contrabando con Honduras Británicas. Por tanto, los intereses y el clientelismo entre este segmento poblacional estrechaba un poco más el círculo de corrupción, ayudado por una milicia inoperante que mantenía vínculos de parentesco y amistad con los vecinos y funcionarios beneficiados del tráfico ilícito. El autor nos ilustra con varios casos en los que se describe la participación de estos trabajadores de la Real Hacienda en el contrabando, incluso con casos de cohecho como el de Irineo Lavalle. Los gobernadores cierran el entramado dendrítico de esta vasta estructura: las denuncias sobre Artazo y Torre de Mer «por contrabandista y por enriquecerse mediante las cuotas cobradas a los traficantes ilegales» (p. 132) o sobre Pérez Valdelomar en la etapa colonial son llamativas. Lamentablemente, para el período independiente Jorge Victoria no puede analizar más casos por ausencia de documentación, salvo los de los gobernadores Pedro Sainz de Baranda y Agustín Acereto, a pesar de la consulta minuciosa de los más de una docena de archivos en Yucatán, México, España, Colombia o Cuba. La presente monografía es necesaria para saber más sobre la corrupción en el ámbito regional americano, espero que abra nuevos caminos de investigación para comprender un fenómeno que en vez de aplacarse con el paso del tiempo resulta cada vez más virulento y global.

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Pour citer cet article

Référence papier

Izaskun Álvarez Cuartero, « Jorge Victoria Ojeda, Corrupción y contrabando en la península de Yucatán. De la Colonia a la Independencia », Caravelle, 106 | 2016, 187-190.

Référence électronique

Izaskun Álvarez Cuartero, « Jorge Victoria Ojeda, Corrupción y contrabando en la península de Yucatán. De la Colonia a la Independencia », Caravelle [En ligne], 106 | 2016, mis en ligne le 25 juin 2016, consulté le 25 avril 2017. URL : http://caravelle.revues.org/2015

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Auteur

Izaskun Álvarez Cuartero

Universidad de Salamanca

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