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Amérique latine : mémoires et histoires nationales

De historias y memorias sobre el pasado reciente en Uruguay: treinta años de debates

Eugenia Allier Montaño
p. 133-150

Résumés

Pendant des années, les sciences sociales ont reconnu l’importance du souvenir dans les pays qui ont connu un passé récent violent. L’Uruguay, sorti de la dictature civique-militaire en 1985, a traversé plusieurs périodes et transformations dans les mémoires sur son passé récent. Dans cet article, nous analysons et historialisons, tout d’abord, ces mémoires. Ensuite, nous examinons les formes dans lesquelles ce passé récent a été historicisée.

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Notes de la rédaction

Este artículo es resultado del proyecto de investigación «Memorias públicas del movimiento estudiantil de 1968». Agradezco, una vez más, a César Iván Vilchis Ortega, por sus atentas lecturas.

Texte intégral

  • 3 Allier Montaño, E., Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay, Ins (...)

1En 2010, concluí el libro Batallas por la memoria en Uruguay que, analizando la historia de las memorias sobre el pasado reciente, concluía: «Sin tener la facultad de ver el futuro que poseía Tiresias, se puede decir que la historia de los debates sobre el pasado reciente en Uruguay seguirá conociendo modificaciones importantes en los próximos años. Habrá, pues, que continuar su escritura»3. Ha llegado el momento de proseguirla pues han sucedido cosas importantes. Este artículo tiene el objetivo de realizar esta puesta al día.

  • 4 De Giorgi, Á., «Pasado reciente y mitologías (re)fundacionales en Uruguay. Un análisis de los discu (...)

2Desde 2010 han aparecido otros textos importantes sobre el tema. Muchos de ellos son aportes sustanciales, aunque más centrados en cuestiones de justicia transicional, como el tratamiento a violaciones de los derechos humanos, la aplicación de la justicia y el lugar de las comisiones de investigación4. Por ello, considero que la investigación que realicé en 2010 sigue siendo relevante por dos motivos: en primer lugar, porque aportó una periodización inicial sobre el tema. En segundo lugar, porque además de incluir los temas tratados por otros autores, es uno de los pocos trabajos centrado en analizar preponderantemente la lucha memorial por el pasado reciente de los distintos actores.

3De esta manera, este artículo estudia la historia de las memorias sobre el pasado reciente en Uruguay (1985-2014), incluyendo las demandas de verdad, justicia y reparaciones, así como las formas en que este pasado ha sido incorporado en la historiografía nacional. El texto se divide en los cuatro periodos que se han podido localizar, más un apartado dedicado a la historiografía: 1) La explosión de la memoria, 1985-1989; 2) La represión del pasado, 1990-1995; 3) El regreso del pasado, 1996-2004; 4) La implantación de la justicia, el esclarecimiento del pasado y el dominio de la historia, 2005-2014; y 5) La historia ante la memoria.

La explosión de la memoria, 1985-1989

  • 5 Cf. Viñar, M., Ulriksen de Viñar, M., Fracturas de memoria. Crónicas para una memoria por venir, Ed (...)

4Habiendo sido violento y desgarrador, el pasado reciente en Uruguay dejó tras de sí un cuerpo social gravemente herido y fragmentado, así como profundas heridas5. Tras el retorno de la democracia política, se instaló en el corazón de la sociedad una lucha entre el recuerdo y el olvido de ese pasado, transformando al espacio público en la escena donde se jugaban las encrucijadas de la memoria.

5Cuando Julio María Sanguinetti (Partido Colorado) asumió la presidencia, en marzo de 1985, su gobierno debió enfrentarse con dos problemáticas que reclamaban una solución urgente: la reconstrucción económica y los derechos humanos avasallados por los militares. Acerca de este último punto, al menos cinco temas parecían ser los que requerían una solución más urgente: la liberación de prisioneros políticos, el regreso de los exiliados, la reintegración de funcionarios públicos a sus puestos de trabajo, el conocimiento de la suerte corrida por los desaparecidos políticos y la muerte no aclarada de dirigentes políticos y militantes de izquierda.

  • 6 Según las últimas investigaciones hubo 5925 presos políticos varones en el Penal de Libertad, 739 m (...)
  • 7 Allier Montaño, E., Batallas por la memoria..., op. cit.
  • 8 Según algunos investigadores entre 28 y 62 mil personas habrían emigrado por motivos políticos: Agu (...)

6La primera cuestión en ser atendida fue la de los prisioneros políticos6, a través de la Ley de Pacificación Nacional (n° 15, 737) de marzo de 1985, que liberaba a la mayoría de los prisioneros7. A través de la misma ley, se buscó resolver la cuestión de los exiliados políticos8, que creó la Comisión Nacional de Repatriación, la que intentó ayudar a muchos de quienes volvían al país. Posteriormente se atendió al segmento conocido como insilio: aquellos que, viviendo en el país, habían sido perseguidos o podrían haberlo sido. La Ley de Reposición de Destituidos (n° 15.783), de noviembre de 1985, permitió reintegrar a sus puestos de trabajo a funcionarios públicos que habían sido destituidos por razones políticas. No obstante, los trabajadores de la iniciativa privada sólo fueron reparados en enero de 2002, cuando se aprobó la Ley 17.449.

7También en 1985, se creó la Comisión Investigadora sobre Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, que trabajó del 9 de abril al 7 de noviembre. La Comisión recibió 33 denuncias de desapariciones en Uruguay, siendo 24 considerados como desaparecidos. Sobre desapariciones fuera de Uruguay, la Comisión tuvo 132 denuncias: 127 ocurridas en Argentina, 3 en Chile y 2 en Paraguay. Si bien fue el reconocimiento gubernamental de la existencia de desaparecidos, los organismos de defensa de derechos humanos y algunos partidos políticos no quedaron satisfechos con sus resultados, pues no había señalamiento de responsables ni de la suerte corrida por los desaparecidos.

  • 9 Michelini fue uno de los fundadores del Frente Amplio y representó a la coalición en el Senado hast (...)

8Por último, se creó la Comisión Investigadora sobre Secuestro y Asesinato Perpetrados contra los ex legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, que trabajó del 9 de abril de 1985 al 13 de octubre de 19879. El informe final de la Comisión aportaba abundante material documental, diversos testimonios e indicios indudables sobre la participación de funcionarios uruguayos y argentinos en los asesinatos, pero ningún nombre o prueba concluyente que permitiera realizar una acusación concreta.

  • 10 Allier Montaño, E., Batallas por la memoria…, op. cit.; Roniger, L., «Transitional…», op. cit.

9A parte de la resolución de estas problemáticas, nombrar y explicar lo que había ocurrido era una necesidad imperiosa para muchos grupos, por ello hubo muchas discusiones acerca del pasado reciente10. Aunque muchos fueron los temas debatidos, muy pronto el debate sobre el juzgamiento de los militares se convirtió en el eje de la transición democrática posdictadura, y es que para diciembre de 1986, los tribunales de justicia investigaban más de 700 casos de violaciones de derechos humanos. Motivados por la creciente polarización respecto a la pertinencia de juzgar o no a militares y policías, miembros del Partido Nacional presentaron el 17 de diciembre el proyecto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (n° 15.848) que ponía fin a los procesos en curso y al ejercicio de la pretensión punitiva del Estado frente a militares y policías. Tras su aprobación en el Senado y Diputados, el 22 de diciembre la ley era promulgada por el presidente de la República.

  • 11 Sobre el peso otorgado en Uruguay a las decisiones populares relacionadas con el pasado reciente, c (...)

10El 28 de enero de 1987 se conformó la Comisión Nacional Pro-Referéndum y en diciembre de 1988 obtuvo las firmas necesarias para su realización. El referéndum tuvo lugar el 16 de abril de 1989: 56,1% eligió mantener la ley, mientras 43,9% prefirió suspenderla. Estos resultados pusieron, aparentemente, un punto final al debate de cuatro años sobre la pertinencia de juzgar a los militares y policías de la dictadura11.

La supresión del pasado, 1990-1994

11Tras el referéndum de abril de 1989, las organizaciones de derechos humanos, Familiares de Desaparecidos, los sindicatos y los partidos políticos que habían luchado por la justicia y la verdad se eclipsaron de la escena y la discusión públicas.

  • 12 Búsqueda, 7 de marzo de 1991, p. 35.

12Al mismo tiempo, la presión de los militares sobre el gobierno, con el consiguiente silencio sobre la pre-dictadura y la dictadura, estuvo presente prácticamente desde el inicio de este periodo, que coincidió con la asunción de la presidencia de la República de Luis Alberto Lacalle (Partido Nacional). En marzo de 1991, el teniente-general (r) Hugo Medina afirmaba en una entrevista: «[…] acá hubo cinco mil presos. Aplicando criterios que no eran los nuestros pudo haber habido cuatro mil muertos y no los hubo. Los muertos fueron muy pocos»12. También reconocía haber ordenado que se ejercieran apremios físicos contra los prisioneros políticos, pero jamás mencionó el término de violaciones de derechos humanos.

  • 13 Allier Montaño, E., Batallas por la memoria…, op. cit.

13Este periodo, marcado por los procesos de olvido o de elogio del pasado reciente de parte del gobierno, fue, al mismo tiempo, una etapa en la cual tuvieron una resolución una gran cantidad de juicios abiertos en la justicia civil, ya que la penal había quedado cancelada con la Ley de Caducidad. Para los querellantes (ex-prisioneros, familiares de desaparecidos y asesinados), se trataba, sí, de obtener reparaciones económicas necesarias para la vida presente. Pero para muchos de ellos, algo fundamental era demostrar la «verdad», la veracidad de sus historias. Una sentencia favorable significaba, de alguna manera, la aceptación por parte del Estado de la represión ejercida durante la dictadura13. Los procesos entablados no fueron muchos, pero en general conocieron una resolución positiva para los querellantes.

14No obstante, en términos generales, este periodo debe considerarse como una época de silencio público sobre el pasado reciente. A diferencia del anterior, no se conoció una batalla entre distintas memorias, pues prácticamente la única visible fue la de los militares, apoyados por el gobierno de Lacalle.

El retorno del pasado, 1995-2004

15Desde 1995, y de diferentes maneras, el recuerdo del pasado reciente en Uruguay volvió a retomar un lugar central en el espacio público y en las discusiones que en él se verificaron. A partir de ello, se puede ubicar un tercer momento en la historia de la memoria: tras el silencio que marcó los primeros años de la década de 1990, las declaraciones de varios militares argentinos removieron la discusión sobre las violaciones de los derechos humanos en Uruguay. Nuevas agrupaciones de derechos humanos y un cuarto periodo presidencial marcaron el fin de siglo respecto al pasado de violencia: la verdad se reimplantó como demanda de una parte de la sociedad, al tiempo que el gobierno continuó exigiendo la «firma de la paz» entre los uruguayos.

  • 14 Estas declaraciones conllevaron algunas entre los militares uruguayos. El 5 de mayo de 1996, el dia (...)

16El 3 de marzo, el periodista Horacio Verbitsky presentó en Buenos Aires su libro El vuelo, en el cual el capitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo denunciaba los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, así como los llamados «vuelos de la muerte»: que los detenidos habían sido arrojados al mar. Un mes después, el comandante en jefe del Ejército, Martín Balza, realizó un mea culpa en la televisión, reconociendo el asesinato de detenidos políticos14.

  • 15 Sobre el trabajo de este grupo, así como distintos lugares de memoria (libros, marchas y placas) en (...)

17Pero fue igualmente bajo la influencia de elementos internos que los acontecimientos acaecidos en Argentina permitieron el retorno del pasado en el presente uruguayo. Entre las circunstancias internas deben señalarse: la constante actividad de Familiares de Desaparecidos (listo a manifestarse en la escena pública en el momento necesario), la aparición de nuevas generaciones en el debate público, la relativa fuerza de los movimientos sociales, así como el surgimiento de nuevos grupos que se incorporaron al sector de la sociedad que reclamaba «verdad»: Hijos, Familiares de Asesinados por Razones Políticas y los grupos de ex-prisioneros y ex prisioneras políticas: el Centro de Relaciones y Soluciones Laborales (crysol) y el grupo «Taller Género y Memoria»15.

  • 16 Allier Montaño, E., « Les disparus politiques en Uruguay, entre l’histoire et la mémoire», Conserve (...)
  • 17 Para una profundización de la Comisión para la Paz, cf. Allier Montaño, E., «The Peace Commission: (...)

18Si bien el pasado reciente volvió en general, el tema central de los debates sobre la violencia en el pasado comenzó a ser el de los detenidos-desaparecidos16. Ello explica la constitución de la Comisión para la Paz por el presidente Jorge Batlle (Partido Colorado, 2000-2005). Creada en 2000, la Comisión tenía como uno de sus principales objetivos ofrecer una respuesta a los familiares de desaparecidos políticos sobre el destino final de sus prójimos. La Comisión trabajó del 9 de agosto de 2000 al 10 de abril de 200317. En su informe final, de las 38 denuncias de desaparecidos en Uruguay (32 uruguayos y 6 argentinos), se reconocía la muerte de 26 uruguayos. De las denuncias sobre argentinos, la Comisión confirmaba cuatro casos, y uno sólo lo confirmaba «parcialmente».

19Con respecto a los uruguayos desaparecidos en Argentina, la Comisión elevó el número a 182 denuncias: trece fueron ubicados; se confirmaron 42 denuncias más (aunque sin el respaldo objetivo y formal de los casos anteriores); se confirmaron parcialmente otras 73, y se descartaron más de 50 por falta de datos. Con relación a las denuncias de uruguayos desaparecidos en Chile, la Comisión recibió ocho denuncias, 7 de las cuales confirmó, descartando sólo una. En Paraguay confirmó las dos denuncias, en Brasil se descartó una, al igual que en Colombia, y en Bolivia se aclaró un caso.

20Respecto a los menores desaparecidos, la Comisión recibió 40 denuncias: se descartaron 33; se confirmó una, y se consideraron en trámite seis más presentadas por los propios jóvenes interesados. Estas fueron elevadas a Abuelas de Plaza de Mayo y al Hospital Durand de la República Argentina para su seguimiento.

21Tras 18 años de batallas entre el recuerdo y el olvido, la mayoría de los sectores interesados en la cuestión aceptaban una «historia compartida», así como la aceptación de las violaciones de derechos humanos. Hasta ese momento, coexistían dos grandes visiones del pasado en la arena pública, sin que ninguna de la dos lograra conquistar la hegemonía. No obstante, el reporte de la Comisión significó, de alguna manera, que la visión de las organizaciones de defensa de derechos humanos (que nombran el periodo de la dictadura como «Terrorismo de Estado») prevaleciera sobre aquella manejada por el gobierno y los partidos Colorado y Nacional (donde predominaba la idea de una «guerra»).

  • 18 El 18 de octubre de 2002, el juez Eduardo Cavalli tomaba la histórica decisión de hacer justicia en (...)

22En síntesis, durante este periodo, el tema del pasado reciente volvió al espacio público, hubo algunas reparaciones facilitadas por la Comisión para la Paz, y la justicia comenzó a abrirse paso18, pero las acciones tomadas por el gobierno aún distaban mucho de lo deseado por los grupos de víctimas.

La implantación de la justicia, el esclarecimiento del pasado y el dominio de la historia, 2005-2014

  • 19 Profesor de la Universidad de la República, fue secuestrado el 30 de noviembre de 1975.
  • 20 Profesor, periodista de la revista Marcha, desapareció en Uruguay el 1 de agosto de 1977.
  • 21 Militante del Partido Comunista Revolucionario, secuestrado en Montevideo el 15 de enero de 1978.

23En 2005, Tabaré Vázquez (Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría) asumió la presidencia y abrió los caminos a aspectos hasta entonces no recorridos. El 22 de julio de 2005 puso en marcha el trabajo de varios investigadores y técnicos de la Universidad de la República para que acudieran a establecimientos militares para verificar si algunos desaparecidos habían sido enterrados ahí. El Grupo de Investigación en Arqueología Forense de la Universidad de la República (GIAF) – asesorado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) – localizó, el 29 de noviembre de 2005, los restos de Ubagesner Chaves Sosa (perteneciente al Partido Comunista Uruguayo, desapareció el 28 de mayo de 1976, en Montevideo), el primer desaparecido en ser localizado. Un par de días después, el 2 de diciembre de 2005, se encontraba otra osamenta: Fernando Miranda19. Poco tiempo después, fue localizado Roberto Gomensoro Josman. En octubre de 2011 y en marzo de 2012 fueron hallados los restos de otros dos ciudadanos detenidos desaparecidos en el Batallón 14 Paracaidistas: Julio Castro20 y Ricardo Blanco Valiente21. En total, entre enero de 2006 y noviembre de 2012 fueron ubicadas e identificadas 12 personas, entre ellas dos ciudadanos chilenos, desaparecidos en Argentina en 1976, y dos ciudadanos argentinos.

24Estos descubrimientos acapararon la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública. Eran acontecimientos mayores que ratificaban las denuncias de los grupos de derechos humanos y de víctimas directas: en Uruguay habían existido los secuestros y las desapariciones de militantes políticos.

25La nueva política gubernamental también estuvo relacionada con medidas de reparación. En septiembre de 2005 se decretó la Ley n° 17.894, que declaraba «ausentes, por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1. del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz», facilitando de esa manera la vida de familiares de desaparecidos.

26En 2006 se ratificó la Ley 17.949, por la que se establecían medidas de jubilación y pensión para militares perseguidos por la dictadura. Finalmente, debe mencionarse la Ley 18.596 que buscó reparar a las víctimas del Terrorismo de Estado, comprendiendo a todas aquellas que hubiesen sufrido «la violación a su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional», con la participación de agentes del Estado, desde el 13 de junio de 1968 y hasta el 28 de febrero de 1985.

  • 22 La Ley de Caducidad no define el periodo estipulado para amnistiar los delitos, pues sólo menciona (...)

27Dentro de esta nueva política gubernamental, es fundamental señalar la relación del gobierno de Vázquez con la Ley de Caducidad. A partir de junio de 2005, el presidente no sólo no se amparó en la Ley de Caducidad para no investigar (como lo habían hecho sus antecesores), sino que dejaba fuera de ella una cantidad no desdeñable de casos. Ello tuvo consecuencias palpables en el ámbito de la justicia. 2006 se transformaría en el paradigma de la «nueva justicia», pues al mismo tiempo Vázquez puso en práctica un «protocolo» de interpretación de la Ley 15.848, que ordenaba investigar toda denuncia para luego ampararla o no a la caducidad, y establecía que no estaban amparados los crímenes anteriores a 197322 y los realizados en el exterior, así como los económicos que ya establecía la norma.

  • 23 Recientemente se ha descubierto la existencia de diversos «vuelos» entre fines de 1970 y principios (...)

28Un momento crucial en ese sentido tuvo lugar en septiembre de 2006, cuando el juez Luis Charles resolvía el procesamiento con prisión a seis militares y dos policías que eran indagados por la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo, Adalberto Soba, ocurrida en Argentina en 1976. A esta causa se sumarían la de Washington Barrios (militante tupamaro, desaparecido en 1974) y la del denominado «Segundo Vuelo» (en referencia a los uruguayos transferidos de Automotores Orletti a Montevideo, presumiblemente en 1976)23.

29Un segundo momento relevante se dio el 16 de noviembre de 2006, cuando Juan María Bordaberry (ex-presidente de la República) y Juan Carlos Blanco fueron condenados a veinte años de prisión como «coautores de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravado» por los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw.

30En diciembre de 2007, el general (r) Gregorio Álvarez, ex-dictador de Uruguay (1981-1985) era también condenado, en su caso por delitos de desaparición forzada cometidos en 1978 durante las transferencias clandestinas de prisioneros uruguayos entre Buenos Aires y Montevideo (los «vuelos» ya referidos). El capitán de navío Juan Carlos Larcebeau también era condenado.

  • 24 Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanell, Floreal García y Mirtha Hernández mil (...)

31Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia falló el 19 octubre de 2009 sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso de Nibia Sabalsagaray, que permitió que muchos abogados hicieran uso de este recurso, solicitando la inconstitucionalidad de la Ley para los casos que llevaban adelante. El 29 de octubre de 2010 la Suprema Corte de Justicia falló por la inconstitucionalidad de la ley para otros 19 casos. Y el 10 de febrero de 2011 falló nuevamente sobre la inconstitucionalidad de dicha ley para el caso denominado «Los fusilados de Soca»24, habilitando la investigación sobre la apropiación ilegal del menor Amaral García, hijo de un matrimonio asesinado en ese contexto.

32Desde 2005, se comenzó a plantear desde varios sectores limitar la ley o incluso anularla. El 21 de noviembre de 2006, se creó la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, que en 2007 comenzó la campaña de recolección de firmas para anular la ley mediante una reforma constitucional. El 25 de octubre de 2009, a la par que las elecciones nacionales, se realizó el referéndum. Por segunda vez en 20 años, la ley volvió a ser ratificada en el ordenamiento jurídico legal del país por la ciudadanía: sólo el 47,6% de los votos fueron a favor de derogarla.

33El primero de noviembre de 2011 prescribían los delitos y crímenes cometidos bajo la dictadura, y con ello, la posibilidad de nuevas denuncias y futuros juicios a los responsables sobre violaciones de los derechos humanos. Frente a ello, el 25 de octubre, la Cámara de Senadores aprobaba el proyecto de ley que restablecía el pleno ejercicio de la «pretensión punitiva del Estado» uruguayo para los delitos cometidos bajo la dictadura hasta el 1 de marzo de 1985. Al día siguiente era aprobado por Diputados. Con esta decisión parlamentaria, la Ley de Caducidad quedó sin efecto legal alguno. Al mismo tiempo, se declaró que dichos delitos constituyen «crímenes contra la humanidad», y que por lo tanto no prescriben ni se computará plazo alguno. Ya que la ciudadanía no logró desaparecer dicha ley, fueron los representantes del pueblo quienes la dejaron sin efecto legal, desautorizando la decisión tomada en diciembre de 1985 por otros representantes del pueblo.

34Todos estos acontecimientos y procesos permitieron que, en el último par de años, se haya conocido una verdadera explosión de denuncias ante la justicia penal por diversos crímenes de lesa humanidad: asesinato, desaparición forzada, torturas; denuncias colectivas por acciones represivas y centros clandestinos de detención. De esa manera, las víctimas de la dictadura han podido colocarse en un lugar privilegiado en la arena pública y en los debates sobre el pasado reciente en Uruguay.

La historia ante la memoria

  • 25 Soler, L., Historiografía uruguaya contemporánea, (1985-2000), Editorial Trilce, Montevideo, 2000.

35Curiosamente, los últimos años de debates sobre el pasado reciente han incluido también a los historiadores, componentes de un campo relevante en lo referido al pasado. Desde 1985 y hasta la fecha, la historiografía uruguaya ha tenido un desarrollo peculiar, signado por un marcado desplazamiento de sus centros de interés: la restauración democrática para los historiadores uruguayos fue un periodo caracterizado por grandes optimismos y nuevos proyectos académicos25.

  • 26 Idem.
  • 27 Porrini, R., Derechos humanos y Dictadura Terrista, 1933-1938, Vitén Editor, Montevideo, 1994; Caet (...)

36No obstante, la historiografía de los primeros años del nuevo régimen civil no fue homogénea en cuanto a los problemas, los enfoques y los temas estudiados; dos tendencias se demarcaron en ese sentido: 1) la preocupación por presentar de manera organizada a través de la elaboración de textos – de rápida lectura – resúmenes que aportaran conocimientos básicos sobre la historia nacional no viciados por el enfoque dictatorial; 2) la necesidad tan fuertemente sentida como rápidamente abandonada de estudiar el proceso dictatorial26. Este interés por la última dictadura militar llevó también a varios historiadores a estudiar los orígenes y características de la dictadura de Gabriel Terra27.

37Con respecto a los últimos años, debe mencionarse que durante los primeros meses del gobierno de Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo encargó a los profesores de historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, José Pedro Barrán, Gerardo Caetano y Alvaro Rico, la realización de investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos.

  • 28 En noviembre de 2011 se publicó la «Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Des (...)
  • 29 Rico, Á. (coord.), Investigación histórica sobre la dictadura y…, op. cit.

38En 2007 publicaron cuatro tomos (un quinto tomo contenía el Informe Final del equipo de arqueólogos-GIAF)28. La investigación histórica se llevó a cabo durante más de seis años. El trabajo no sólo se concentró en la desaparición forzada, pues incluyó otros aspectos de las violaciones de derechos humanos: los asesinatos, la prisión prolongada (el método represivo que caracterizó a la dictadura uruguaya), las políticas de vigilancia y persecución utilizadas contra sindicatos, partidos políticos y estudiantes, así como la represión política ejercida sobre los ciudadanos uruguayos en el país y aquellos que vivían exilados en otros países del mundo. De esta manera, se presentó por primera vez una visión global de los efectos «que el terrorismo de Estado generó en la sociedad uruguaya»29.

  • 30 Idem.
  • 31 Rico, Á. (coord.), Investigación Histórica sobre detenidos - desparecidos, Presidencia de la Repúbl (...)

39En cuanto a los resultados cuantitativos, debe resaltarse que entre junio de 1973 y marzo de 1985, murieron o fueron asesinados en enfrentamientos o a causa de las torturas recibidas o por enfermedades no tratadas en situación carcelaria 116 uruguayos; hubo 5925 presos políticos varones en el Penal de Libertad, 739 mujeres en Punta de Rieles, y otras 186 mujeres en la cárcel de Paso de los Toros. Por otra parte, se comprobó que miles de uruguayos debieron exiliarse por razones políticas30. Respecto a las víctimas por desaparición forzada, hasta 2011 se contabilizaron 175 detenidos-desaparecidos (34 en Uruguay: 26 de nacionalidad uruguaya y 8 ciudadanos argentinos secuestrados y trasladados ilegalmente); 127 en Argentina (124 adultos y 3 menores de edad); 9 en Chile; 1 en Bolivia; 1 en Colombia; 3 en Paraguay)31.

40Las conclusiones de los antropólogos (encabezados por José López Mazz) acerca de las excavaciones en búsqueda de los desaparecidos también fueron publicadas. Compuesto por 200 páginas, en el texto se hacía una minuciosa exposición sobre las excavaciones que se realizaron en dependencias militares. Asimismo, contenía un balance de todo lo localizado.

41La acumulación de información e investigación permitió preparar un nuevo trabajo que diera una visión global de los efectos que el terrorismo de Estado generó en la sociedad uruguaya. La Universidad de la República editó en tres tomos la Investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en Uruguay que, presentada en 2010, contiene una recopilación documental sobre esas distintas dimensiones del terrorismo de Estado y sus víctimas. En ese sentido, es importante recalcar que los historiadores también han nombrado como «terrorismo de Estado» lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar.

  • 32 Búsqueda, 13 de abril de 1989, p. 5 (cursivas de la autora).

42Es necesario resaltar que se trataba de la primera vez que el gobierno acudía a historiadores y antropólogos para elaborar una narración sobre el pasado, creando no sólo una verdad social (como la de la Comisión para la Paz), sino una verdad histórica avalada por los propios sujetos que escriben la historia: los historiadores. Y en esta verdad histórica se apoyaría la justicia para dictaminar judicialmente sobre el pasado. De esa manera, de la posición manifestada en 1989 por el entonces presidente de la República, Julio María Sanguinetti, acerca de que «Estos hechos deben quedar para los historiadores... porque el futuro no puede seguir envenenado con las discusiones del pasado»32, con el gobierno de Vázquez se pasaba a pedir efectivamente a los historiadores que escribieran la historia reciente para poder «elucidar» el pasado, pues sólo este esclarecimiento podría permitir la «reconciliación» entre los uruguayos.

  • 33 Rico, Á., Larrobla, C., «Los ciclos de la memoria en el Uruguay posdictadura.1985-2011», in Allier (...)

43Pero el trabajo de los historiadores no se ha dado exclusivamente en el marco de la demanda gubernamental. En los últimos años puede hablarse de un «auge editorial» sobre el pasado reciente a través de investigaciones, libros, cronologías, biografías, testimonios e investigaciones periodísticas y judiciales. De hecho, algunos investigadores hablan de «primacía de la historia sobre las memorias» debido a la consolidación de un campo historiográfico específico33.

  • 34 Un primer recuento lo realicé en mi tesis de Doctorado: Allier Montaño, E., Une histoire des luttes (...)

44Sin pretender hacer aquí un recuento exhaustivo, quisiera mencionar una serie de libros que han ahondado en la historia del pasado reciente y que presentan perspectivas académicas frente a la polarización de las memorias públicas de los actores34.

45Aunque algunos trabajos fueron publicados desde finales de los años 1980, fue con la conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado que los trabajos historiográficos se introdujeron en los debates públicos. De ello da cuenta El presente de la dictadura (2004) coordinado por Marchesi, Markarian, Rico y Yaffé, que incluye nuevas perspectivas historiográficas sobre la dictadura al abordar temas como el exilio, las memorias de la cárcel, el papel de la Iglesia, la injerencia de Estados Unidos, el movimiento estudiantil. En 2009, Demasi, Marchesi, Markarian, Rico y Yaffé publicarían La dictadura cívico-militar. Uruguay 1973-1985, ampliando aún más la mirada sobre la dictadura.

46Al mismo tiempo comenzaron los aportes desde la historia cultural: El Uruguay inventado. La política audiovisual de la dictadura de Aldo Marchesi (2001); y desde la historia «desde abajo»: 15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y Huelga General, coordinado por Rico (2005); de Cores, El 68 uruguayo. Los hechos, los debates (1997); y Piedras pequeñas de Garate y Risso (2010).

  • 35 A partir de 1985, el MLN-T se transformó en una organización legal. Hacia 1989 pasó a integrar el M (...)

47Un tema que ha ocupado un lugar central tanto en la historiografía como en el periodismo es el de la violencia armada: La revolución imposible: los tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del siglo xx, de Lessa (2002)35; Tupamaros: la derrota en la mira, de Torres (2002); La izquierda armada: ideología, ética e identidad en el mln-Tupamaros, de Aldrighi (2001); El Cholo González, un cañero de Bella Unión, de Gilio (2004); Adiós Robin Hood. 7 Tupamaros, 40 años después, de Tagliaferro (2008); y Memorias de insurgencia. Historias de vida y militancia en el MLN-T Tupamaros. 1965-1975, de Aldrighi (2009), dan cuenta de ello.

48Otros trabajos se han hecho eco de la militancia política y de algunos hechos violentos del pasado reciente: Los fusilados de abril de Virginia Martínez (2002); y Ecos revolucionarios: luchadores sociales, Uruguay, 1968-1973, de Rodrigo Vescovi (2003).

49Una investigación importante estuvo vinculada a la historia de la Asociación de Familiares y sus luchas: Vivos los llevaron. Historia de la lucha de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos, de Demasi, y Yaffé (2005).

50El acopio documental también ha sido objetivo de varios trabajos: El régimen cívico-militar, cronología comparada de la historia reciente del Uruguay (1973-1980), de Demasi, Rico, Cures y Radakovich (2004); Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay, T. II: El gobierno cívico-militar (1973-1980), de Demasi (2003); La Universidad de la República. Desde el golpe de Estado a la intervención... de Rico, Wschebor y Sanguinetti (2003); y Tiempos de dictadura 1973/1985. Hechos, voces, documentos. La represión y la resistencia día a día, de Martínez (2005).

51Es necesario recalcar que el tema del exilio no ha sido muy trabajado por los historiadores, por ello debe rescatarse las iniciativas de Silvia Dutrénit (2004, 2011): El Uruguay del exilio, y La Embajada indoblegable. Asilo mexicano en Montevideo durante la Dictadura; de Vania Markarian (2006), Idos y recién llegados; y de Silvia Dutrénit, Eugenia Allier y Enrique Coraza, Tiempos de exilios. Memoria e historia de españoles y uruguayos (2008).

52También es necesario resaltar la labor del periodismo, que ha tenido un aporte fundamental en la historiografía sobre el pasado reciente. En 1997, el periodista Samuel Blixen escribió La mañana siguiente, una biografía sobre Líber Seregni, líder del Frente Amplio. Con ella se inauguró lo que considero una «exitosa serie» de biografías sobre personajes relevantes de la década de los setenta y del Uruguay contemporáneo. La siguiente fue consagrada a José Mujica, líder tupamaro que pasó más de 12 años en calabozos de la dictadura, primer integrante de esa organización en llegar al Parlamento uruguayo en 1995, y presidente de la República (2011-2015): Mujica, de Miguel Ángel Campodónico (1999). Posteriormente aparecieron: Sendic (2000) de Blixen; Las vidas de Rosencof de Campodónico (2000); Charlando con Pepe Mujica de Mazzeo (2002); Seregni-Rosencof: mano a mano de Butazzoni (2002). Posteriormente apareció Antes del silencio. Bordaberry, memorias de un presidente uruguayo, de Campodónico (2003), era un controvertido reportaje al ex dictador, en el que éste exponía las causas que lo indujeron a encabezar el golpe de Estado en 1973.

53Los historiadores también comenzaron a aportar desde esta veta de la biografía: Hugo Cores. Pasión y rebeldía en la izquierda uruguaya de Trías (2008); Juan Carlos Mechoso. Anarquista, de Jung y Rodríguez (2006); Fernández Huidobro. De las armas a las urnas, de Tagliaferro (2004); Cero a la izquierda, una biografía de Jorge Zabalza, de Leicht (2007); y La trama oculta del poder, de Chagas y Trullen (2005).

A manera de conclusiones

54La historia que aquí se narra está vinculada a un pasado caliente, que «no quiere pasar». En buena medida por ello se trata de una historia que no tiene aún un final. Una historia que ha conocido muchas modificaciones en estos 30 años. Los grupos de derechos humanos no sólo han crecido en número, sino en fuerza. Ellos, que desde 1985 han implementado una visión condenatoria de la dictadura, han logrado hacerse escuchar en la arena pública y obtenido que algunas de sus demandas se concreticen. Así, han denunciado la represión ejercida desde el Estado (que para ellos no debe ser concebida como el resultado de una confrontación bélica) y los atropellos que se cometieron durante ese periodo, cristalizados en el «Terrorismo de Estado», y exigiendo la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen cívico-militar. Se trata de una memoria de denuncia de la represión, ligada a las necesidades de legitimar el debate en la arena pública, a la admisión de los delitos y a la reclamación para que se reparen los daños cometidos.

55Por el otro lado está la memoria de elogio del pasado reciente. Los gobiernos anteriores 2005 adoptaron esta memoria, entendiendo que en esos años se dio una confrontación bélica, una guerra entre dos bandos (los dos demonios: militares y guerrilleros, que tuvieron al país como rehén). Tanto ellos como los militares concuerdan en que su participación en la guerra que tuvo lugar era ineludible, considerándola además digna de elogio y reconocimiento, pues era la única forma de «salvar a la nación» del «cáncer subversivo» que la asediaba.

56Los últimos años parecen haber visto un predominio de la memoria de denuncia. Ello se debería no sólo a la fuerza de los organismos de defensa de los derechos humanos, sino a los gobiernos de Vázquez y Mujica que han apoyado y reconocido sus demandas como legítimas. ¿Este dominio es definitivo? La historia de las memorias demuestra que no hay predominio definitivo, pues éste depende en buena medida de las condiciones políticas, sociales y económicas del presente.

  • 36 Ricœur P., La memoria, la historia, el olvido, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004, p. 7 (...)

57Frente a estas narrativas ha surgido con gran fuerza, en los últimos años, el discurso de los historiadores. Quizá la hora del debate entre la historia escrita por los historiadores y las memorias sociales ha llegado a Uruguay. Historia y memoria son dos campos de relación con el pasado. Su diferencia no estriba en la cualidad de lo representado, pues ambas tratan de lo que ya fue o de lo que está siendo, sino en sus pretensiones. Mientras la historia, en tanto operación intelectual que se esfuerza por establecer los hechos del pasado y por volver éste inteligible, tiene una pretensión de reconstruir el pasado, sino «tal y como éste ocurrió», pues el pasado jamás puede volver al presente, sí al menos lo más cercanamente posible. La memoria, por su lado, exige un estatuto veritativo, de credibilidad, de verosimilitud, o como se ha dado en llamar de «verdad-fidelidad»36.

  • 37 Ibid., p. 638.

58Muchas de las interpretaciones históricas que están siendo debatidas en Uruguay se relacionan con obras académicas, basadas en documentos y otras fuentes (incluidos los propios testimonios de los protagonistas de esta historia) y sometidas desde su publicación a las reglas elementales de la crítica, están abiertas a las posibilidades de la réplica. El conocimiento del pasado uruguayo se está contrastando con su recuerdo, que se expresa en el espacio público. Y si bien el debate acerca de las distintas visiones de la historia reciente es legítimo, pues forma parte esencial del pensamiento de cualquier país (el que incluye el debate histórico), es necesario no olvidar que se trata de campos de relación con el pasado diferentes y con distintas exigencias y pretensiones. «Corresponde al destinatario del texto histórico hacer, en él mismo y en el plano de la discusión pública, el balance entre la historia y la memoria»37. Y es que, finalmente, la historia debería permitir «entender» el pasado e «incorporarlo» al presente en un continuo comprensible.

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Bibliographie

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Notes

3 Allier Montaño, E., Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM /Trilce, Montevideo, 2010, p. 273.

4 De Giorgi, Á., «Pasado reciente y mitologías (re)fundacionales en Uruguay. Un análisis de los discursos presidenciales de Julio M. Sanguinetti (1985) y Tabaré Vázquez (2005-2006)», in E. Bohoslavsky et al (edit.), Problemas de Historia reciente del Cono Sur. v. 1, Editorial Prometeo, Buenos Aires, 2010; Roniger, L., «Transitional justice and Protracted Accountability in Re-Democratized Uruguay, 1985-2011», Journal of Latin American Studies, 43, 2011, p. 693-724; Lessa, F., Memory and Transitional Justice in Argentina and Uruguay. Against Impunity, Macmillan, New York, 2013; Marchesi, A. (comp.), Ley de caducidad un tema inconcluso. Momentos, actores y argumentos (1986-2013), Editorial Trilce, Montevideo, 2013.

5 Cf. Viñar, M., Ulriksen de Viñar, M., Fracturas de memoria. Crónicas para una memoria por venir, Editorial Trilce, Montevideo, 1993.

6 Según las últimas investigaciones hubo 5925 presos políticos varones en el Penal de Libertad, 739 mujeres en Punta de Rieles, y otras 186 mujeres en la cárcel de Paso de los Toros. Cf. Rico, Á. (coord.), Investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay. 1973-1985, Universidad de la República-Ediciones de la Cruz del Sur, Montevideo, 2009.

7 Allier Montaño, E., Batallas por la memoria..., op. cit.

8 Según algunos investigadores entre 28 y 62 mil personas habrían emigrado por motivos políticos: Aguiar, C., Canzani, A. et al., La migración del retorno: Reinserción laboral de los migrantes de retorno al Uruguay, FCE-CIEDUR, Montevideo, 1990.

9 Michelini fue uno de los fundadores del Frente Amplio y representó a la coalición en el Senado hasta el golpe de Estado de 1973; Gutiérrez Ruiz fue diputado del Partido Nacional y presidente de la Cámara de Diputados hasta la disolución del Parlamento en 1973. Ambos fueron asesinados, junto con el ex tupamaro William Withelaw Blanco y su compañera, Rosario Barredo, el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, donde se habían refugiado.

10 Allier Montaño, E., Batallas por la memoria…, op. cit.; Roniger, L., «Transitional…», op. cit.

11 Sobre el peso otorgado en Uruguay a las decisiones populares relacionadas con el pasado reciente, cf. Roniger, L., «Transitional…», op. cit.

12 Búsqueda, 7 de marzo de 1991, p. 35.

13 Allier Montaño, E., Batallas por la memoria…, op. cit.

14 Estas declaraciones conllevaron algunas entre los militares uruguayos. El 5 de mayo de 1996, el diario El País publicó una carta del capitán de navío (r) Jorge Tróccoli en la cual admitió la desaparición de personas en Uruguay durante la dictadura, pero negaba su participación en los hechos, afirmando: «Asumo haber tratado inhumanamente a mis enemigos pero sin odio, como debe actuar un profesional de la violencia». (cf. Brecha, 10 de mayo de 1996, p. 6) Tróccoli se convertía, así, en uno de los primeros militares uruguayos en «admitir» públicamente el maltrato a los prisioneros políticos durante la dictadura.

15 Sobre el trabajo de este grupo, así como distintos lugares de memoria (libros, marchas y placas) en Uruguay, cf. Roniger, Luis, «Transitional…», op. cit.

16 Allier Montaño, E., « Les disparus politiques en Uruguay, entre l’histoire et la mémoire», Conserveries memorielles n° 10, 2011, http://cm.revues.org/891

17 Para una profundización de la Comisión para la Paz, cf. Allier Montaño, E., «The Peace Commission: A Consensus on the ‘‘Recent Past’’ in Uruguay?», in European Review of Latin American and Caribbean Studies, n° 81, october 2006, Holanda, p. 87-96.

18 El 18 de octubre de 2002, el juez Eduardo Cavalli tomaba la histórica decisión de hacer justicia en torno del secuestro y la posterior desaparición de la maestra y militante del Partido por la Victoria del Pueblo, Elena Quinteros. Juan Carlos Blanco, ex canciller de la dictadura, fue procesado y se decretó su prisión preventiva.

19 Profesor de la Universidad de la República, fue secuestrado el 30 de noviembre de 1975.

20 Profesor, periodista de la revista Marcha, desapareció en Uruguay el 1 de agosto de 1977.

21 Militante del Partido Comunista Revolucionario, secuestrado en Montevideo el 15 de enero de 1978.

22 La Ley de Caducidad no define el periodo estipulado para amnistiar los delitos, pues sólo menciona el final de la época, sin reconocer el principio: «Se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985». (Ley nº 15.848)

23 Recientemente se ha descubierto la existencia de diversos «vuelos» entre fines de 1970 y principios de los años 1980, en los cuales varias decenas de uruguayos habrían sido «transferidos» de Buenos Aires a Montevideo. El primero de ellos está probado desde hace años, pues hubo sobrevivientes; el segundo fue comprobado recientemente y un tercero continúa en duda.

24 Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanell, Floreal García y Mirtha Hernández militantes del Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros, fueron detenidos en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974. Sus cadáveres fueron encontrados cerca de la localidad de Soca, Uruguay, el 20 de diciembre de 1974.

25 Soler, L., Historiografía uruguaya contemporánea, (1985-2000), Editorial Trilce, Montevideo, 2000.

26 Idem.

27 Porrini, R., Derechos humanos y Dictadura Terrista, 1933-1938, Vitén Editor, Montevideo, 1994; Caetano, G., Jacob R., El nacimiento del terrismo (1930-1933), Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1989.

28 En noviembre de 2011 se publicó la «Actualización de la Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos», mostrando que las investigaciones en torno al terrorismo de Estado se encuentran en permanente revisión, al incluir cinco nuevos casos de desaparición forzada.

29 Rico, Á. (coord.), Investigación histórica sobre la dictadura y…, op. cit.

30 Idem.

31 Rico, Á. (coord.), Investigación Histórica sobre detenidos - desparecidos, Presidencia de la República, IMPO, 4 tomos, Montevideo, 2007-2011.

32 Búsqueda, 13 de abril de 1989, p. 5 (cursivas de la autora).

33 Rico, Á., Larrobla, C., «Los ciclos de la memoria en el Uruguay posdictadura.1985-2011», in Allier Montaño, E., Crenzel, E., Las luchas por la memoria en América latina. Historia reciente y violencia, IIS-UNAM / Bonilla Editores, México, 2015.

34 Un primer recuento lo realicé en mi tesis de Doctorado: Allier Montaño, E., Une histoire des luttes autor de la mémoire sur le passé récent en Uruguay, 1985-2003, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2004. Cf. también : Marchesi, A., Markarian, V., «Cinco décadas de estudios sobre la crisis, la democracia y el autoritarismo en Uruguay», en Contemporánea, año 3, vol. 3, 2012, p. 213-242.

35 A partir de 1985, el MLN-T se transformó en una organización legal. Hacia 1989 pasó a integrar el Movimiento de Participación Popular (MPP), que reunía en su seno a otros grupos políticos. Ese mismo año, se incorporaron al Frente Amplio. En 2005, el MLN-T se convirtió en gobierno al participar en el MPP. Y en 2009, José Mujica, líder de la antigua guerrilla, asumió la presidencia de la República.

36 Ricœur P., La memoria, la historia, el olvido, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2004, p. 78.

37 Ibid., p. 638.

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Pour citer cet article

Référence papier

Eugenia Allier Montaño, « De historias y memorias sobre el pasado reciente en Uruguay: treinta años de debates », Caravelle, 104 | 2015, 133-150.

Référence électronique

Eugenia Allier Montaño, « De historias y memorias sobre el pasado reciente en Uruguay: treinta años de debates », Caravelle [En ligne], 104 | 2015, mis en ligne le 06 octobre 2015, consulté le 23 septembre 2017. URL : http://caravelle.revues.org/1615 ; DOI : 10.4000/caravelle.1615

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Eugenia Allier Montaño

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